Más allá de la supletoriedad: la irradiación permanente de los principios de la Ley N°19.880

Más allá de la supletoriedad: la irradiación permanente de los principios de la Ley N°19.880

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Eduardo Lara Aguayo
https://orcid.org/0009-0000-5102-8941

Resumen

En los sistemas administrativos contemporáneos, la proliferación de procedimientos especiales plantea una pregunta decisiva: ¿puede una legislación sectorial desplazar los principios generales que protegen al ciudadano frente al poder público? Este artículo aborda esa tensión a partir de la Ley N°19.880 y propone superar una comprensión formal de la supletoriedad. Su tesis central sostiene que es indispensable distinguir entre reglas y principios: mientras las reglas de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos operan supletoriamente para integrar vacíos normativos, sus principios poseen una fuerza de irradiación permanente sobre los procedimientos especiales. Mediante una metodología dogmática y analítica, la investigación examina doctrina chilena, jurisprudencia de la Contraloría General de la República y decisiones de la Corte Suprema. Este recorrido permite someter la hipótesis a una contrastación jurídicamente controlable, dotando a la propuesta de una pretensión de cientificidad jurídica. El análisis demuestra que la Ley N°19.880 no puede reducirse a una lógica binaria de presencia o ausencia de regulación especial, pues los principios cumplen una función interpretativa y de optimización que trasciende la integración de vacíos. Sobre esta base, se propone un test de integración e interpretación para determinar cuándo deben operar las reglas supletorias y cuándo corresponde activar la irradiación de principios. El test considera la juridicidad constitucional, la compatibilidad funcional entre la ley general y la especial, la proporcionalidad y la tutela de derechos procedimentales. Se concluye que la hipótesis queda verificada mediante el análisis dogmático y jurisprudencial: la supletoriedad no agota la fuerza normativa de la Ley N°19.880. Incluso ante procedimientos especiales completos, sus principios continúan orientando y limitando la actuación administrativa, reforzando la unidad del Derecho Administrativo y la protección del ciudadano frente al poder público.

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