Los modelos de prevención de delitos en la era de la sostenibilidad empresarial: Una revisión crítica a partir de la Ley 21.595 de delitos económicos
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Resumo
A partir de la Ley 21.595 (2023) de delitos económicos, se introdujeron importantes modificaciones a la Ley 20.393 (2009) de responsabilidad penal de las personas jurídicas, particularmente en lo que respecta al contenido mínimo de los modelos de prevención de delitos. Sin embargo, ¿en qué se traducen aquellas modificaciones? ¿qué retos representan desde la perspectiva de la sostenibilidad empresarial? ¿qué papel juega la autorregulación y cómo influye en la eficacia de los elementos mínimos que conforman tales modelos? De manera preliminar, observamos que, aunque la nueva ley conserva el carácter opcional de su adopción, una interpretación coherente de sus disposiciones sugiere una tendencia hacia la obligatoriedad, máxime si lo que se pretende es activar la eficacia eximente de la responsabilidad penal de las organizaciones, considerando que estas se encuentran expuestas a la comisión de un amplio catálogo de delitos bajo la nueva normativa. No obstante, la ley también les otorga un considerable margen de libertad para configurar los elementos mínimos de sus modelos de prevención de delitos (por ejemplo, canales de denuncia, procedimientos de investigación interna, régimen sancionatorio, etc.), lo que estimamos podría comprometer su efectividad. Por lo anterior y, a través de un análisis crítico y hermenéutico efectuado a la luz de la sostenibilidad empresarial, nos proponemos develar algunos aspectos clave que contribuyan en su eficacia.
Referências
Ambos, K. (2011). “La internacionalización del derecho penal: El ejemplo del lavado de activos”, M. Abel y N. Sánchez (editores), II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (pp. 181-205). Tirant lo Blanch.
Albertz Arévalo, P. (2019). “Identificación, análisis, evaluación y control de riesgos de corrupción en la empresa”, O. Artaza (director), Compliance penal: sistema de prevención de la corrupción (pp. 115- 202). Der Ediciones.
Aránguez Sánchez, C. (2020). “El diseño de programas de prevención de delitos para personas jurídicas”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 22-20, 1-26. Recuperado de https://revistacriminologia.com/22/recpc22-20.pdf.
Artaza Varela, O. (2013): “Sistemas de prevención de delitos o programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad en sed jurídico penal”, Política Criminal, 8(16), 544-573. Recuperado de https://www.scielo.cl/pdf/politcrim/v8n16/art06.pdf.
Bacigalupo, Silvina (2021). “Compliance”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 21, pp. 260-270. Recuperado de https://bit.ly/4newWTi.
Bataller Grau, J. (2018): “Un concepto de responsabilidad social de la empresa desde el derecho mercantil”, Revista de Derecho Mercantil, N° 310: pp. 1-27.
Blanc, C. (2017). La responsabilidad penal del compliance officer. Tesis doctoral. Universitat de Lleida. Cazorla González-Serrano, L. (2015). “El deber de diligencia del administrador social y los programas de cumplimiento o compliance penal”, Revista Lex Mercatoria: N° 1, pp. 10-12.
Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo (2019). “Estudio: Compliance en las empresas chilenas. Conociendo la situación del compliance en el mercado empresarial chileno”. Recuperado de https://bit.ly/3VE1HW5.
Comisión de las Comunidades Europeas (2001). “Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”. Recuperado de http://bit.ly/3JSPryj.
Congreso Nacional de Chile (2024). “Historia de la Ley 21.595, de delitos económicos. Moción Parlamentaria Sesión Ordinaria 145 Moción 13204-07”. Recuperado de https://bit.ly/46dcYBF.
Congreso Nacional de Chile (2009). “Historia de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”. Recuperado de https://bit.ly/4pjm4pm
Freeman, E. (1984). Strategic Management: A Stakeholders Approach. Pitmann.
García Moreno, B. (2015). “Whistleblowing y canales institucionales de denuncia”. En A. Nieto (director), Manual de cumplimiento penal en la empresa (pp. 206-231). Tirant lo Blanch.
Gómez, V. (2020). “Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre a transferencia y transformación de los deberes (de vigilancia) en el derecho penal económico”, Derecho PUCP, 85, 115-138. Recuperado el 23 de febrero de 2025 de https://bit.ly/3VCzmiT.
Hernández Basualto, H. (2024). “La responsabilidad penal de las personas jurídicas luego de la Ley 21.595, Cambios para la continuidad”. En H. Hernández, G. Vargas, O. Artaza, R. Reyes, L. Rojas (directores). La guía del compliance. Responsabilidad penal de las empresas. Modelos de Prevención (pp. 17-85). Editorial Libromar.
Laufer, W. (2003). “Social accountability and corporate greenwashing”, Journal of business ethics, 43(3), 253-261. Recuperado de https://bit.ly/41MbSLL.
Leo-Castela, J., Sánchez, J. I. (2020). “Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile”, Política Criminal, 15(30), 639-669. Recuperado de https://bit.ly/3JQkpr3.
Godoy, M. P., Walker, E. y Zegers, M. (2018). “Análisis del primer intento de imponer autorregulación sobre gobierno corporativo en Chile: resultados de un oxímoron”, Revista Chilena de Derecho, 45(1), 179-210. Recuperado de https://bit.ly/4mMxZds.
Mangarelli, C. (2009). Códigos de Conducta. En el marco de la Responsabilidad Social de la Empresa. Fundación de Cultura Universitaria.
Marcazzolo Awad, X. y Serra Cruz, D. (2023). “En qué medida la reforma que introduce la nueva ley de delitos económicos automatiza la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas”, Revista de Ciencias Penales, 48(9), 207-242. Recuperado de https://bit.ly/42lni9o.
Navas Mondaca, I. (2021). “La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento”, Política Criminal, 16(32),715-744. Recuperado de https://bit.ly/46daSBW.
Navas Mondaca, I., Balmaceda Hoyos, G. (2019). El criminal compliance en el derecho comparado. Tirant lo Blanch.
Nieto Martín, A. (2008). “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa”, Política Criminal, 5, 1-18.
Perdiguero, T., García, A. (Coord). (2005). La Responsabilidad Social de las Empresas y los nuevos desafíos de la gestión empresarial. Universitat de València.
Pfeffer Urquiaga, F. (2015). “Deber de lealtad de directores y gerentes de sociedades anónimas al interior de un grupo de sociedades, a propósito del denominado caso Cascadas”, Revista de Actualidad Jurídica, 32, 207-226.
Ragués, R. (2014): “El fomento de las denuncias como instrumento de política criminal contra la criminalidad corporativa: whistleblowing interno vs. whistleblowing externo”, S. Mir, Corcoy, M.
Gómez, V. (direc.), Responsabilidad de la empresa y compliance (pp. 459-483). Edisofer, BdeF.
Sáiz Peña, C. (2015). “¿Qué es el compliance? Claves para la comprensión de esta obra. Grandes confusiones sobre compliance. Futuro del compliance. La ISO 19600 de compliance”, C. Sáiz Peña (coordinador), Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa (pp. 38-54). Thomson Reuters Aranzadi.
Sierra, S. (2024). “La ley de delitos económicos como una oportunidad”. Recuperado de https://bit.ly/47tViE9.
Toso Milos, Á. (2021). “El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas”, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, 28, 1-43. Recuperado de https://bit.ly/4nd4amN.
Vargas Almonacid, G. (2024a). “Eficacia jurídica de los códigos de conducta y control judicial (sentencia rol 2687-2020 de la Corte Suprema)”, Revista de Derecho. Valdivia, 37(1), 223-230. Recuperado de https://bit.ly/45VGmxu.
Vargas Almonacid, G. (2024b). “La dialéctica de los intereses público-privados a partir de instrumentos de compliance: Una mirada desde la Ley 21.595 de Delitos Económicos” Recuperado de https://bit.ly/46aBOSN.
Vásquez, M. F. (2022). “La autorregulación adoptada en Chile como instrumento de mejora del buen gobierno corporativo societario: Análisis crítico y desafíos pendientes”, Revista Chilena de Derecho Privado, 39, 201-250 Recuperado de https://bit.ly/4mUX2LC.
Normas citadas
Código del Trabajo, actualizado al 24.08.2024.
Código Penal, actualizado al 26.01.2024.
Directiva 2019/1937 (23/10/2019) (UE) relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Ley 21.595 (17/08/2023) de Delitos Económicos.
Ley 20.393 (2/12/2009) que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Ley 19.913 (12/12/2003) que Crea la Unidad de Análisis Financiero.
Ley 18.046 (22/10/1981) de Sociedades Anónimas.
Jurisprudencia citada
Garriman/Itau con CorpBanca S.A. (2023). 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 19 de octubre de 2023, (procedimiento ordinario por despido injustificado, indebido o improcedente), rol O-2086-2023.
González con Banco Santander Chile (2021). Corte Suprema, 21 de julio de 2021 (recurso de unificación de jurisprudencia), rol 2687-2020.
Peñaililo/ITAU con CorpBanca S.A (2023). Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, 3 de mayo de 2023, (procedimiento ordinario por despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones e indemnizaciones), rol O-45-2023.
Riquelme con Administradores de Supermercado Hiper Limitada (2023). 1° Juzgado de Letras de Garantía San Fernando, 15 de febrero de 2024, (procedimiento de tutela laboral por vulneración de derecho fundamentales), rol T-11-2023.
